Buenos días a todos. Egunon guztioi.
Cada evento, cada jornada que se celebra en torno a la previsión social complementaria (PSC) representa una oportunidad para su difusión, para mejorar el conocimiento de la sociedad y para debatir cómo construir un futuro brillante para la misma con la esperanza de hacerlo realidad y llegar a alcanzar su completa generalización.
Gracias por tanto a EMPRESA XXI, y por extensión a todos los participantes, por brindar una oportunidad más para seguir recorriendo un camino, que sabemos que va a ser largo y que va a estar lleno de dificultades.
Y para que no haya que esperar al fin de mi intervención para entender esa comprometida prognosis me apresuro a justificarla. La empresa que tenemos entre manos requiere de un marco normativo, pero, desde el momento en que la Constitución prohíbe su obligatoriedad, la norma en modo alguno garantiza la extensión de la institución que por ello precisa de un gran cambio cultural por parte de todos los agentes implicados.
Es verdad que en otras experiencias internacionales comparadas la norma obligatoria ha hecho el hábito de manera más automática, pero en nuestro caso no es así, y por ello todo descansa en un proceso que es eminentemente social.
Eso nos recuerda que las finanzas públicas y privadas son un instrumento para enfrentarnos al riesgo y la incertidumbre y que como decía el filósofo Charles Sanders Peirce, uno de los fundadores del pragmatismo, siendo el individuo finito y mortal no tiene otra alternativa para cubrirse frente a sus propios riesgos que hacerlo a través de la comunidad. De hecho, el antecedente histórico (desde el S-XVII) de las Entidades de previsión de hoy está en las Hermandades, Cofradías, Sutearo y similares, que agrupaban a los caseríos para ofrecerse ayuda mutua frente a las desgracias provocadas por incendios, vientos o temporales, que actualmente gozan de muy buena salud y continúan atendiendo las prestaciones para lo que fueron creadas.
Nuevos tiempos y nuevas necesidades nos demandan poner en marcha un proceso social de cambio cultural que consolide una innovación institucional que le dé respuesta. Pero vayamos a fijar los contornos de este reto que tenemos entre manos.
Porqué las EPSV de empleo
Enraizada en aquella vieja tradición mutualista, el Gobierno Vasco desarrolló de forma temprana la previsión del artículo 10.23 del Estatuto que contemplaba la competencia sobre la materia mediante la Ley 5/1983, que dio paso a la incorporación de aquellas Hermandades, la consolidación y crecimiento de las Entidades de la modalidad de empleo y finalmente la creación de a las Entidades de la modalidad individual favorecidas por un generoso tratamiento fiscal. En estos 37 años transcurridos se configura una historia de éxito que ha sido reconocida dentro y fuera de Euskadi y que a día de hoy supone: 26.784 M€ de fondos, más de un millón cien mil socios y 660 M€ de prestaciones anuales. Todo ello para el objetivo de complementar las prestaciones del sistema público de pensiones o primer pilar que es y será siempre la base fundamental.
A mí no me gusta que se quiera poner en valor la PSC sobre la base de la crisis de la Seguridad Social, porque ello alienta la desconfianza de amplios sectores de la población y eso al final dificulta enormemente su desarrollo. La PSC tenía sentido en sus primeros años cuando el sistema de seguridad social estaba lejos de la crisis actual e incluso se caracterizaba en Euskadi por cuantiosos excedentes, y tanto entonces como ahora su objetivo de complementariedad necesita de un sólido sistema público. Una aportación ideal del 6% (repartida en 3% y 3% en el sistema de empleo) a lo largo de una larga carrera de aportación garantiza una cobertura del 20% del último salario. Que ese ideal acoja hoy a un colectivo muy reducido de personas lo dice todo: el sistema público es insustituible y los defensores de la PSC abogamos tanto como el que más por fortalecer el primer pilar.
El orden de los tres pilares no es baladí: la previsión social de empleo es complementaria de la pública, mientras que la previsión individual es de alguna manera complementaria de la complementaria de empleo, con la finalidad de dar cabida a las personas que no pueden acogerse a ésta última.
Las razones de ello residen en las fortalezas de las EPSV de empleo que son tremendamente importantes: facilitan carreras largas de cotización al penetrar en segmentos de edad jóvenes, el cobro reviste la forma de renta, las rentabilidades son razonables, los gastos de administración son moderados y la gestión es conjunta entre los agentes sociales (sindicatos y patronal). Fortalezas que se transmutan en debilidades para el caso de las individuales: carreras cortas y escasa penetración por debajo de 35 años, cobro en forma de capital, rentabilidades reducidas y gastos de administración elevados. Les ahorro los detalles de estos extremos, pero les invito a que consulten las cifras en los informes correspondientes que figuran en la web del departamento de Hacienda y Economía.
Las EPSV de empleo son por ello el instrumento privilegiado para lograr el objetivo fundamental de la PSC que es conseguir su generalización para las rentas medias y bajas. Y por eso la Ley actual 5/2012, de 23 de febrero, regula las Entidades de empleo preferentes que reúnen las características precisas para asegurar la generalización y un adecuado nivel de cobertura, a saber:
- Deben ofrecerse a toda la plantilla de la empresa
- Requieren aportaciones compartidas de la empresa y el trabajador
- No se pueden rescatar para fines ajenos a la previsión
- Las prestaciones se realizan en forma de renta
- Pueden alcanzar a colectivos, tan importantes como el de los autonómos, que no tienen una relación laboral con un empleador.
La realidad de las EPSV de empleo
Sin embargo, dentro de esa historia de éxito de la que hablábamos, nos encontramos con que las EPSV de empleo solo alcanzan al 43% de aquél millón largo de socios y su balance al 54% de los 26.760 M€ de fondos totales. Ninguna Entidad ha solicitado su calificación como preferente, aunque algunas encajan perfectamente, sin duda debido a que no existe un marco fiscal específico para ellas.
Además de lo anterior, las Entidades y sus socios se encuentran muy desigualmente distribuidas por Territorios: aproximadamente dos tercios son de Gipuzkoa, el 25% de Bizkaia y el 9% de Alava. De resultas de ello la cobertura sobre población ocupada es del 69%, del 15% y del 19%. Esas cifras expresan lo lejos que estamos de la generalización; pero ahí no acaba todo porque tampoco la suficiencia es una realidad. Tan sólo Lagun Aro y Elkarkidetza constituyen sistemas adecuados y suficientes, pero los socios de ambos rondan los 36.500 y la penetración total en Gipuzkoa alcanzaría al 12% de la población ocupada.
Y ya para acabar de dibujar el contorno de la PSC de empleo debemos decir que se encuentra concentrada en sectores muy concretos (administración pública, la Corporación Mondragón, antiguas cajas de ahorro) porque los niveles de patrimonio del resto son claramente insuficientes
Mención especial requiere la EPSV Geroa con un alto grado de penetración del 34% de la población ocupada en Gipuzkoa, reuniendo todas las características de las EPSV preferentes y con una eficiente gestión compartida entre la patronal y los sindicatos, pero en ella el patrimonio por socio únicamente alcanza a algo más de 7.000€.
La fiscalidad como palanca de transformación
A lo largo de esta legislatura en numerosas reuniones con una larga variedad de agentes implicados hemos expuesto esta realidad y planteado el objetivo del Gobierno de lograr la generalización de la PSC para las rentas medias y bajas a través de los sistemas de empleo.
No hemos encontrado precisamente una gran acogida en los agentes sociales, ni en los sindicatos ni en las organizaciones empresariales. Entre los primeros la norma ha sido el rechazo, debido a planteamientos puramente ideológicos sobre la exclusividad del sistema público, o el escepticismo por las malas condiciones del mercado de trabajo, tanto por la calidad del empleo como por la crisis de la negociación colectiva. La representación empresarial (Confebask) por su parte ha insistido en el factor del coste, ante la obviedad de que se trata de un salario diferido, y también que la PSC no estaba en las mesas de negociación ni al parecer se la echaba de menos.
A pesar de esa barrera tan importante, no se puede negar que el diálogo ha conseguido algunos avances en la percepción de la utilidad de la PSC en el conjunto de la sociedad, e incluso en parte de los sectores menos sensibles o claramente refractarios. Sabíamos que esta tarea de propiciar un cambio cultural era difícil y la experiencia no ha hecho sino confirmarlo.
A partir de ahí quedaba claro que el diálogo debía continuar pero que era preciso concretar uno de los elementos que ha sido esencial en el mismo y que no es otro que el papel del marco fiscal como palanca de transformación.
Cualquier cambio de importancia en la fiscalidad en Euskadi tiene que someterse a las formas y a los tiempos, es decir a la deliberación del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) y al proceso consiguiente que normalmente se lleva a cabo cada cuatro años previa evaluación del rendimiento del sistema fiscal.
La tentación natural en esta materia es que los nuevos incentivos no vayan en detrimento de los existentes y que cada parte quiera conservar lo que tiene. Es un riesgo cierto y puede devenir en un cambio lampedusiano al estilo del Gatopardo, es decir una ficción de cambio.
Además, los recursos públicos son escasos y su uso debe estar justificado bajo estrictos criterios de interés público; y a este respecto hay que hacer autocrítica acerca de la excesiva generosidad del tratamiento dispensado en el pasado para la prestación de cobro en forma de capital.
El equilibrio no es fácil, sin embargo, hay que decir que el diálogo con las partes interesadas ha venido propiciando una convergencia significativa en las posiciones que ha permitido al Gobierno llevar una propuesta de reforma fiscal del tratamiento de la PSC al OCT.
La propuesta es lógicamente abierta, pero sus claves principales deberían mantenerse para conservar su potencial transformador. A nuestro entender esas claves serían las cuatro siguientes:
1º Las contribuciones y aportaciones al sistema complementario de empleo preferente, al igual que las del sistema público, se deben deducir de la base y tributar después, añadiéndole un tratamiento favorable de las prestaciones en forma de renta. Las cuantías máximas de deducción en esta y en las demás modalidades debe ser acorde con el objetivo de concentrarse en rentas medias y bajas.
2º Las aportaciones a planes individuales y de empleo no preferentes se deben deducir de la cuota y tributar después, contando con una disminución en la tributación de los rendimientos del 1% por año de generación.
3º Debe desaparecer la reducción del 40% en el caso del cobro en forma de capital para propiciar el cobro en forma de renta. Para ello se debe establecer un periodo transitorio que respete los derechos adquiridos.
4º Hay que recuperar el incentivo en la cuota del impuesto de sociedades para las contribuciones de las empresas primando especialmente la primera de ellas.
Los siguientes pasos
Una fiscalidad que siga estas líneas supondrá un fuerte incentivo diferencial para impulsar el desarrollo de los planes de empleo preferente mediante nueva creación o transformación de los existentes, sin dejar de proporcionar una cobertura adecuada a quien no pueda acceder a ellos.
Pero para lograr el objetivo de la generalización de la PSC para rentas medias y bajas es imprescindible su incorporación a la negociación colectiva, y esto difícilmente va a ocurrir si no se adoptan compromisos formales de carácter general para hacerlo realidad.
Aquí se plantean dos posibilidades interesantes. La primera, que fruto de una reflexión compartida se pueda llegar a un “acuerdo para negociar”, una figura obligacional que no tiene eficacia normativa directa, pero que puede sentar las bases de aplicación de nuestro modelo de empleo preferente. La segunda, la de suscribir un acuerdo de eficacia normativa directa en materia de PSC para el conjunto de la economía vasca que llegara a todos los sectores de actividad y a todas las empresas apoyándose en el artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Para lograrlo hay que incorporar la PSC al diálogo social. Un diálogo social que debe enriquecerse a través de una canalización del conjunto de las políticas públicas al ámbito de la concertación. Las ayudas, la financiación, las subvenciones, la fiscalidad y la previsión social complementaria también deben contribuir a lograr equilibrios sociales que trasciendan a la perspectiva puramente privada.
Está muy bien abogar por una cultura de empresa cooperativa y participativa, como la que suscitó el apoyo unánime del Parlamento Vasco. O que esa idea de empresa como bien común a preservar justifique un Impuesto de Sociedades como el actual mucho más ventajoso que el de España y no digamos ya que el europeo. Pero todo eso debe traducirse en cambios reales que sirvan al bien común.
La PSC sigue siendo hoy un gran proyecto de país: un bien público que está llamado a contribuir al bienestar de la sociedad vasca que precisa del concurso de todos. No podemos fallar.
Eskerrik asko.
Alberto Alberdi Larizgoitia
Viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos
Gobierno Vasco
